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El Gobierno porteño presentó una nueva demanda ante la Corte para tratar de recuperar los fondos de la coparticipación

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El Gobierno porteño presentó una nueva demanda ante la Corte para tratar de recuperar los fondos de la coparticipación

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La Ciudad de Buenos Aires presentó hoy una nueva demanda ante la Corte Suprema con el objetivo de recuperar los fondos coparticipables estimados en 65.000 millones de pesos que perderá durante 2021 en función de la nueva ley que entra en vigencia este lunes.

Además de los 65.000 millones, se suman los 11.000 que ya dejó de percibir producto de la entrada en vigor del decreto de Alberto Fernández que recortó en poco más de un 1% el porcentual de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires.

La demanda contra el Estado Nacional presentada en la mañana de este lunes ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte consiste en una acción declarativa de inconstitucionalidad de la nueva ley, acompañada de un pedido de reparación económica para recuperar el dinero.

El máximo tribunal comenzará la feria judicial de verano a mediados de esta semana, por lo que es probable que recién comience a tratar este conflicto en febrero.

Una vez que lo haga, la Corte dará vista al Procurador General de la Nación para que se pronuncie través de un dictamen.

A través de un comunicado, la Ciudad explicó que presentaba esta demanda contra el Estado nacional “ante este nuevo atropello a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires ocasionado por la ley sancionada por el Congreso el 10 de diciembre”.

“La ley, al consolidar la reducción del coeficiente de coparticipación y establecer la transferencia de un monto de solo $24.500 millones a cuenta para el financiamiento de la seguridad interior no federal en la ciudad de Buenos Aires, agrava aún más la situación y obliga a la Ciudad a adoptar medidas para paliar parcialmente y en forma transitoria el desfinanciamiento producido por estas medidas”, argumentó el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Señaló a su vez que la ley “vulnera principios y garantías constitucionales, en abierta violación al federalismo de concertación que debe primar las relaciones entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad”.

Y aseveró que “atenta contra la autonomía de la Ciudad y deja de lado de manera unilateral acuerdos preexistentes, que estaban consolidados y se estaban ejecutando”.

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