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La pandemia “en clave digital” puso fecha de vencimiento a la burocracia

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La pandemia “en clave digital” puso fecha de vencimiento a la burocracia

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Por Fabián Ruocco, director ejecutivo de la UVT-CEDyAT

La digitalización permite ahorrar tiempo y dinero, aumenta la eficiencia del Sector Público y reduce la corrupción. En Argentina las prestigiosas Unidades de Vinculación Tecnológica lo están logrando. Dicen a una Administración Pública 4.0 es posible en Argentina post-pandemia. Como parte de este proceso, los avances alcanzados por un importante conjunto de instituciones nacionales e internacionales con operaciones en nuestro país en el segmento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la economía del conocimiento (EC) son un claro ejemplo de cómo los resultados no tardan en aparecer.

El gobierno tecnológico es más que simplemente hacer que el servicio gubernamental sea digital, es mejorar la gestión interna de la administración pública para otorgar un mejor servicio, facilitar el acceso a la información, asegurar la transparencia dentro de la gestión para aumentar la confianza pública y fortalecer la participación ciudadana. Es decir, desarrolla internamente e implementa tecnologías novedosas, adopta los esfuerzos de empresas públicas y privadas, y potencia el talento de la población en general mediante herramientas de información de fácil acceso.

“Un Estado de calidad es una deuda histórica y el mejor legado que podemos dejar para el futuro es vencer la burocracia. La transformación digital es una de las propuestas centrales que integran el plan de gestión como Unidad de Vinculación Tecnológica 4.0, que se propusieron trabajar en la colaboración conjunta con ministerios, secretarías y organismos descentralizados para mejorar el funcionamiento del sector público en nuestro país.

Gracias a eso, muchas de las instituciones pueden seguir funcionando en estos tiempos de pandemia. La adecuada inversión realizada en digitalización radica en el retorno que dará en términos de valor público. Tal cual lo demuestran los resultados de las inversiones realizadas en la última década que hoy brinda total soporte online a la ciudadanía cuando los funcionarios públicos trabajan desde sus hogares” explicó Fabián Ruocco, director ejecutivo de la UVT-CEDyAT.

Los trámites digitales se demoran 74% menos que los presenciales, cuestan mucho menos, y reducen la incidencia de corrupción, sin embargo, en América Latina y el Caribe todavía hay poca inversión para ofrecer servicios públicos en línea.

¿El resultado? Los ciudadanos, las empresas y la administración pública pierden tiempo, dinero y productividad. Según el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “El Fin del Trámite Eterno: Ciudadanos, Burocracia y Gobierno Digital”, completar un solo trámite lleva en promedio 5,4 horas en la región, pero en algunos países tarda más de 11 horas. Prestar trámites presenciales cuesta al gobierno hasta 40 veces más de lo que podría costar el servicio equivalente en una plataforma digital, pero actualmente sólo tres países, Brasil, México y Uruguay tienen más de la mitad de sus trámites disponibles en línea. En la Unión Europea es posible empezar el 81% de los trámites en línea. En América Latina, la cantidad de trámites digitales es mucho menor, lo que contribuye a que solamente el 7% de las personas reportan haber hecho su último trámite en línea.

“Este estudio del BID aporta una hoja de ruta interesante para generar planes de simplificación y digitalización de trámites enfocadas en la experiencia ciudadana y haciendo uso estratégico de instrumentos digitales que el CEDyAT viene aplicando en los Convenios de Colaboración Conjunta desde hace más de una década en el país” dijo Ruocco. “Esta pandemia les permite visualizar al actual gobierno que la digitalización no es un gasto sino una inversión que permitirán impulsar la lucha contra la burocracia, mejorar la confianza ciudadana en el Estado y la inclusión social a través de trámites ágiles. Basta como ejemplo todo lo realizado en el Ministerio de Trabajo en los últimos años que ahora permite a los trabajadores y trabajadoras que en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) funcione la recepción virtual de documentación para Ratificación de Acuerdos Espontáneos” sin poner en riego la salud de nadie” explica el directivo.

El BID indica que los costos de los trámites son más altos para las personas de bajos ingresos, ya que tienen menos flexibilidad laboral y pierden ingresos cuando tienen que pasar horas en fila para ejecutar un trámite. El 30% de las personas de bajos ingresos reporta haber pagado alguna vez un soborno para ejecutar un trámite, frente al 25% de las personas de mayores ingresos. El abandono de un trámite afecta también más a las poblaciones vulnerables ya que resulta en un menor acceso a los programas y beneficios sociales del gobierno.

¿Qué deben hacer los gobiernos para mejorar la situación? Los expertos del CEDyAT recomiendan que es fundamental rediseñar los trámites con la experiencia ciudadana en mente. Eliminar aquellos trámites que sean innecesarios, redundantes u obsoletos. Destinar recursos para facilitar el acceso a trámites digitales y fomentar el desarrollo del gobierno digital a través de herramientas como digitalización de viejos archivos, instrumentar plataformas de interoperabilidad, identidad y firma digital, entre otros. Mejorar la calidad de la prestación presencial de trámites a través de personal cualificado y la creación de centros integrados de servicio al público “online”.

De esta manera, las dependencias de la administración pública obtienen una reducción de costos de operación notable debido a la gestión automatizada como lo vemos en medio de la pandemia por el Covid19 donde el acceso y flujo de información continuo y constante entre la administración y la población, generanod mayor transparencia para el acceso a la información del Estado evitando la corrupción. El COVID19 ha facilitado en carne propia la importancia que el funcionariado actúe en consecuencia con las exigencias de los nuevos escenarios. Es decir, promover la digitalización de trámites y servicios gubernamentales para fomentar el desarrollo del gobierno digital mediante la vinculación tecnológica con instituciones habilitadas por la Ley 23.877. En ese contexto, y en línea con la creciente aceptación de la idea de que el mundo del futuro tendrá que ver cada vez en mayor medida con la tecnología y la innovación, resulta oportuno impulsar la inclusión de este tema en las agendas estratégicas de concertación política y social a plantearse tras la pandemia. Lo importante es no demorar más.

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