El presidente Alberto Fernández presentó hoy el proyecto de ley de Reforma de la Justicia, que impulsa la unificación y duplicación de los juzgados federales y la designación de un consejo de expertos para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema.

Este consejo estará integrado por once juristas de destacada trayectoria en el ámbito de los tribunales y en el mundo académico.

Esta instancia que analizará y formulará las propuestas para esta reforma estará compuesto por el titular de la Corte Suprema de Mendoza, Omar Palermo; la doctora en derecho e investigadora del Conicet, Marisa Herrera, que es una especialista en cuestiones sobre los derechos de familia y sucesiones.

También es integrado por María del Carmen Battaini, titular del Poder Judicial de Tierra del Fuego y especialista en derechos humanos; el catedrático Raúl Gustavo Ferreyra y Carlos Arslanian, exintegrante de la Cámara Nacional de Apelaciones que en 1985 juzgó a las Juntas Militares de la última dictadura.

Arslanian, ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en dos oportunidades, estuvo al frente de la cartera de Justicia de la Nación e integró el consejo que formuló el proyecto de reforma de Código Penal.

Ines Weinberg de Roca es jueza del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires y magistrada del Tribunal de Apelaciones de la ONU y fue integrante del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Además, participan del consejo Hilda Kogan, ministra de la Corte bonaerense –la primera mujer en ocupar el cargo-; y el jurista de fama internacional Enrique Bacigalupo, cuya presencia fue destacada por el presidente Alberto Fernández durante su discurso.

Bacigalupo fue magistrado en España y desarrolló una amplia y reconocida carrera académica en Alemania, y tiene doctorados en varias universidades de Europa y Latinoamérica.

Claudia Betriz Sbdar, titular de la Corte Suprema de Tucumán; Carlos Beraldi, asesor del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo y catedrático de derecho; y Andrés Gil Domínguez, subsecretario de Asuntos jurídicos de la Universidad Nacional de Buenos Aires, completan este consejo.

Se prevé que la comisión, que cuenta con paridad género, realice el trabajo ad honorem. Sus miembros tendrán 90 días para pensar reformas y entregar un informe detallado sobre el funcionamiento de la Corte, el Consejo de Magistratura y los juicios por jurados.

En cuanto a la estrategia legislativa que seguirá el Gobierno, la idea es que el proyecto ingrese por el Senado, en donde el oficialismo cuenta con mayoría y la comisión de Justicia y Asuntos Penales, está presidida por el ex secretario General de la Presidencia y titular de la AFI, Oscar Parrilli.

La discusión parlamentaria que planteará el bloque oficial estará determinada por el concepto que lanzó el Presidente en la apertura de sesiones: “Los problemas de la Argentina no se resuelven con menos justicia sino con una mejor justicia”.