Ayer, luego de una discusión constitucional y reglamentaria sobre la validez legal de la sesión remota y de debatir los decretos de necesidad y urgencia, la Bicameral pasó a cuarto intermedio hasta hoy. Salvo dos decretos, el 313 y el 329, objetados por la oposición, el resto logró un consenso favorable expresado de manera unánime.

Los miembros de la Bicameral acordaron firmar dictamen hoy a las 18 horas después de que la Comisión de Peticiones, Poderes y Modernización de Diputados se pronuncie sobre la modificación del reglamento de la Cámara para habilitar las sesiones de manera remota.

Al inicio de la reunión, después de informar que estaban presentes, 13 integrantes que habilitaban el quórum,  el presidente de la Bicameral, diputado por Santa Fe, Marcos Cleri (FdT), explicó que en principio se iniciaría un debate reglamentario y posteriormente se realizaría el análisis de cada uno de los decretos firmados por el Ejecutivo que se refieren, entre otras cuestiones, a las aplicaciones de la cuarentena, las suspensiones de los desalojos y cortes de luz y gas, el cierre de fronteras y los sistemas de créditos para las Pymes.

Validando la legalidad de la videoconferencia, el diputado por Santa Cruz, Pablo González (FdT) enumeró las obligaciones que establecen la Constitución Nacional, el reglamento de la comisión, la ley que la creó y los reglamentos de ambas cámaras para concluir que “se cumplen los requisitos jurídicos para poder sesionar como lo estamos haciendo ahora”. 

Por la oposición, el diputado por Mendoza, Luis Petri (Juntos por el Cambio) afirmó que “se estaba frente a una reunión informal” y luego de solicitar “una reunión presencial para modificar el reglamento y de esta manera habilitar las reuniones por videoconferencia”, pidió esperar el pronunciamiento de la Comisión de Modernización de Diputados, para firmar dictamen sobre los DNU. 

En el debate particular de cada uno de los decretos, más allá de diferencias políticas, tanto el oficialismo como la oposición, coincidieron en la “excepcionalidad de la situación” generada por el virus del Covid-19. 

El diputado Pablo Tonelli, cuestionó el decreto 313 del que dijo que “suspendió el derecho constitucional previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional (que permite a los argentinos ingresar y transitar libremente por el país). Dijo que “la única forma en la que se podía prohibir un derecho hubiera sido mediante la sanción de un Estado de Sitio”. Tonelli consideró que ese decreto representaba “un exceso de las atribuciones presidenciales”, por lo que adelantó que recomendarían su rechazo.

Sobre el resto de los decretos hubo acuerdo, salvo el 329 que habla sobre la suspensión de los despidos que tuvo una objeción parcial de la oposición.