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Un grupo de senadores celestes ayudaría a aprobar la ley del aborto

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Un grupo de senadores celestes ayudaría a aprobar la ley del aborto

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Se esperaba que este miércoles Alberto Fernández enviara el proyecto del aborto según el plazo que anunció durante la apertura de sesiones ordinarias, pero aún no llegó.

Aparte de las emergencias a cubrir, como toda la situación de contención del Coronavirus, sus voceros aseguran que la demora se debe a que aún pule la letra chica junto a su secretaria legal y técnica Vilma Ibarra y a la ministra de la Mujer Elizabeth Gómez Alcorta y no lo enviaría hasta el viernes o la semana próxima.

Tiene motivos para revisar el texto final, porque su contenido puede definir el destino de la ley en el Congreso y sobre todo en el Senado, donde aún no están los votos para garantizar su sanción. El panorama es alentador en Diputados, que este jueves confirmará cuatro verdes como presidentes de las comisiones que controlarán el debate.

Cecilia Moreau preside Legislación General desde diciembre y asumirán sus compañeros Pablo Yedlin en Salud, Mónica Macha en Mujeres y Diversidad y la entrerriana Carolina Gaillard en Legislación Penal, una de las últimas en definirse.

La militancia verde dice estar cerca de llegar a la mayoría propia con votos ocultos pero admite que aún no hay certezas de triunfo en el Senado, que en 2018 bloqueó la ley y en diciembre sólo se renovó en una tercera parte. Su mejor punteo les dio una posible empate en 36, mientras que los celestes creen llegar a los 37 de la mayoría propia (con menos, no se puede abrir una sesión), pero admiten que hay 3 indecisos y varios propios que se pueden convertir si el debate no se radicaliza.

Son varios de los que votaron en contra aquella madrugada del 9 de agosto y otros recién llegados coinciden en que estarían dispuestos a garantizar la sanción si el proyecto se restringe a despenalizar la práctica y no suma obligaciones a los centros de salud y las obras sociales.

Fue lo que anunció Alberto en París, cuando prometió una ley que «termine con la penalización del aborto y permita la atención en cualquier centro público». Molestó a la campaña por la legalización del aborto, que exige que la ley contemple condiciones para su práctica y la inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO), para que hospitales y obras sociales la realicen sin excusa.

Entre los que estarían dispuestos a acompañar un proyecto más cercano al anuncio de París se anotan los oficialistas recién asumidos Roberto Mirabella (Santa Fe), Edgardo Kueider (Santa Fe) y Sergio Leavy (Salta), incluidos en la lista de indecisos en los poroteos que circulan por el Congreso. Leavy, por ahora, prefiere que lo sumen entre los que vota en contra.

No es el caso de Mirablella, que reemplazó al gobernador de Santa Fe Omar Perotti, presentó un proyecto de despenalización en febrero, que adapta el Código Penal al fallo de la Corte conocido como F.A.L, que garantiza el aborto en los términos de su artículo 86.

Esto es, «cuando haya peligro de vida o salud física o mental de la mujer o persona gestantes», si el embarazo «proviene de un abuso sexual o si se diagnostica la inviabilidad de la vida extrauterina del feto». Alcanzaría con el requerimiento y declaración jurada de la mujer y para el resto de los abortos las penas serían de hasta 1 año de prisión y lo convertiría en excarcelable.

En 2018 textos similares se intercambiaron entre militantes Provida pero se rompieron después de diálogos entre sus diputados y referentes del Episcopado, que parecía cerca de ceder. «Sancionamos una ley con 4 años de prisión para los organizadores de carreras de galgos; no le vamos a dar 1 a los que interrumpen una vida», sostuvo Graciela Camaño en una de esas charlas, según reconstruyó uno de los testigos.

Pero muchos senadores que impidieron la ley en 2018 no piensan así y están en la mira de sus colegas celestes porque, entienden, si Alberto enviara un texto para seducirlos podría aprobar la despenalización y regular la práctica con resoluciones del Ministerio de Salud, como la que Ginés González García firmó para cumplir el fallo F.A.L ni bien abrió su despacho. La presión de los verdes para ir por todo o nada, resulta su mejor aliada.

La segunda lista de «celestes débiles», como la llaman, aparecen la neuquina Lucila Crexell, quien se abstuvo en 2018; la catamarqueña Inés Blas, que definió su rechazo una semana antes de la sesión al igual que el misionero Maurice Closs, quien ya hizo saber que revisará su postura si además de no avanzar mucho más que en la despenalización se contempla una asistencia a los centros de salud de las provincias.

El radical Juan Carlos Marino también está entre los posibles celestes conversos si aparece un proyecto diferente. Otra expectativa es si el presidente incorporará la objeción de conciencia institucional, como le prometió Ginés González García a sus colegas del interior, o repite la individual de hace dos años.

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