“Propongo la inmediata derogación del Decreto 794/17 porque deviene en ilegítimo e inconstitucional”, sostuvo el también presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista.

En un comunicado, Gioja consideró que el decreto “es ilegítimo” porque “faculta a Corredores Viales S.A a ejercer múltiples funciones vinculadas a cuestiones viales que exceden ampliamente las concesiones de obras públicas”.

Según evaluó, de llevarse a cabo la transferencia de funciones “una sociedad anónima tendrá las mismas o más facultades que una entidad autárquica pública cómo es Vialidad Nacional, que es una de las más federales de las reparticiones públicas, que tiene presencia en todo el país y que además está sujeta a normas de derecho administrativo”.

Por otro lado, tildó al decreto de “inconstitucional” dado que “desde el 24 de agosto de 2010 se encuentra vencida la facultad delegada que le permite al PEN dictar normas como en el caso que nos ocupa, sobre la Ley 17.520/67″.

El diputado sanjuanino repudió que el Poder Ejecutivo “comience a actuar en un ámbito de menos control”, y calificó la creación de Corredores Viales S.A. como “una maniobra ilegítima para achicar al Estado”.

El último martes estaba prevista la asistencia del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a la comisión de Obras Públicas de la Cámara baja, para dar explicaciones sobre los alcances del decreto, pero se excusó de concurrir a la cita por “cuestiones de agenda impostergables”.

El decreto 794/2017 oficializó la creación de la sociedad anónima “Corredores Viales”, que tendrá como fin la construcción, mejora y reparación de rutas y autopistas de jurisdicción nacional y que el gremio de ATE-Capital denunció como una privatización encubierta.

La sociedad estará integrada por el Ministerio de Transporte, que será tenedor del 51 por ciento del capital social de titularidad del Estado Nacional, y por la Dirección Nacional de Vialidad, que será tenedora del restante 49 por ciento.

Distintos sectores de la oposición, como el Frente para la Victoria-Pj y el bloque Justicialista advirtieron sobre una “privatización encubierta” de Vialidad Nacional.