Desde el Observatorio de Políticas Públicas (OPPLeC) repudiamos y exigimos la inmediata aparición con vida de Santiago Maldonado, de quien hace días se desconoce su paradero. El pasado martes, 1 de agosto de 2017, el joven de 28 años se encontraba acompañando el reclamo de la comunidad mapuche de tierras productivas propias y ancestrales que se encuentran en disputa con el magnate italiano Benetton, cuando la gendarmería emprendió de forma irregular y violenta un operativo represivo contra la comunidad mapuche y las personas que se encontraban acompañando la reivindicación. Ese día fue visto por última vez Santiago Maldonado, mientras huía de la persecución de los gendarmes.

Este lamentable suceso no es aislado, es una de las consecuencias directas de una política sistemática de extranjerización de tierras que (si bien) es de larga data, en el último tiempo se ha profundizado con el dictado del decreto 820/2016, impugnado mediante amparo por la diputada Silvia Horne, mediante el cual el Presidente Mauricio Macri modificó literalmente la ley 25.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales) con el objetivo de beneficiar grandes corporaciones transnacionales quienes en búsqueda de apropiarse de tierras con fines comerciales atentan contra la biodiversidad y las comunidades originarias. Este es el caso de Lewis, Van Ditmar y Benetton en la Patagonia o de Tompkins en Corrientes.

Actualmente, la Diputada Nacional Silvia Horne con la colaboración del OPPLeC, se encuentra tramitando un recurso de Amparo ante la Justicia Federal, solicitando la inconstitucionalidad del decreto 820/2016, el cual constituye una herramienta legal que atenta contra los recursos naturales y la soberanía nacional, estableciendo figuras jurídicas que flexibilizan los requisitos a los empresarios extranjeros para la adquisición de tierras, desregularizando los controles y provocando daños irreversibles principalmente en las comunidades aledañas a las tierras en disputa.

Exigimos al Estado Nacional y las autoridades provinciales la inmediata aparición con vida de Santiago Maldonado y el cese en la sucesión de operativos violentos desplegados a lo largo del territorio contra las comunidades originarias a fin de poner sus tierras en manos de extranjeros, así como la inconstitucionalidad del decreto 820/2016.