La Legislatura bonaerense estudia un proyecto “candado”, diseñado por el bloque del Frente Renovador, que limita la aplicación del 2×1 luego de que un controvertido fallo de la Corte Suprema de Justicia redujera la pena de un condenado por delito de lesa humanidad. Esta norma podría será aprobada en la sesión programada para este jueves.

Al respecto, Ramiro Gutiérrez, diputado y vicepresidente del Cuerpo, es el autor de la norma y afirmó: “Desde el Frente Renovador diseñamos un artículo candado que cierra la interpretación judicial para aplicar el 2×1, establecemos la prohibición absoluta de su aplicación como ley más benigna en el contexto del proceso penal bonaerense, sea para delitos de lesa humanidad, sea para delitos comunes”.

“El polémico fallo que habilitó el 2×1 significó un retroceso para todos, menos para la mayoría de la Corte Suprema. Por eso estamos proponiendo en la provincia de Buenos Aires un punto final a las interpretaciones judiciales que permitían la ficción de que un día de detención se cuente como dos”, precisó.

Esta ley fue luego derogada por el propio Poder Legislativo nacional, sin embargo, tres jueces de la Corte se encargaron de revivirla en el cuestionado fallo “Bignone”.

Por lo cual, añadió Gutiérrez, “para evitar esa pervivencia y sus consecuencias dañinas para la sociedad y las víctimas, estamos cerrando de manera clara la posibilidad de aplicar el principio de ley más benigna para el caso de “sucesión de normas procesales”.

Lo central de esta iniciativa es que puede ser replicada y tomada en cada provincia del país, con lo cual, una eventual sangría judicial por aplicación tardía del 2×1 quedaría vedada en la Argentina por decisión individual de cada provincia al modificar sus leyes procesales.

Además, se propone la creación de una Comisión Bicameral para monitorear todos los genocidas presos en cárceles bonaerenses hasta que se agote el último de los procesos.

En ese sentido, Gutiérrez resaltó: “Es necesario crear una Comisión de representación bicameral con la especialidad suficiente que le permita monitorear y verificar el cumplimiento de las mandas constitucionales y legales secundarias para los detenidos y alojados por delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra en los penales e instituciones de jurisdicción provincial”.

“Por la incidencia histórica que los sujetos activos de estos crímenes representan para nuestra memoria colectiva, en plena garantía del derecho a la información que deben poseer las víctimas y los ciudadanos en general, es necesario disponer de un órgano operativo del poder legislativo que monitorea su situación hasta el agotamiento de la intervención judicial en el último caso en juzgamiento”, explicó.