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El acuerdo con el FMI podría ser anulado por la justicia

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El acuerdo con el FMI podría ser anulado por la justicia

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Desde que comenzó el proceso de acuerdo entre el Gobierno de Mauricio Macri y el FMI, hubo reclamos y quejas de diferentes grupos de izquierda que afirman su inconstitucionalidad, sin mayores repercusiones.

Pero ahora, la queja por la nulidad del préstamo otorgado por la organización internacional a Argentina avanzó en el foro contencioso administrativo. La causa se basa en el hecho de que el Estado no llevó a cabo los procedimientos antes de tomar la deuda a la que está obligado por ley.

A principios de diciembre, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue cuestionado en Justicia a través de dos quejas. Uno en el foro penal y otro en la disputa administrativa. Este último, presentado por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), acaba de avanzar.

Esta semana, el Tribunal Administrativo Federal Contencioso Nacional No. 9, a cargo de Pablo Cayssials, solicitó al Tesoro de la Nación que ejerza la defensa del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Argentina en el caso que impulsa la Nulidad del crédito. que la administración de Cambio solicitó al FMI en 2018, así como su extensión posterior.

Es una buena noticia, porque el juez entendió que lo que solicitamos era bueno y está ordenando a la Fiscalía que informe sobre las medidas tomadas en relación con la deuda externa. La Fiscalía General de la Nación deberá responder a la solicitud ”, dijo Eduardo Murúa, presidente del MNER.

La queja de que el acuerdo con el Fondo debe declararse nulo se basa en el hecho de que no se realizaron todos los procedimientos previos a la toma de deuda que el Estado debe hacer de acuerdo con la ley.

“No cumplió con ninguna de las leyes administrativas que obligan al Estado a hacer diferentes informes antes de asumir la deuda. Uno de factibilidad, un informe económico que el Ministerio de Hacienda necesariamente debió haber hecho, el informe legal previo a la situación del acuerdo, detalla Murúa. Tampoco hay un decreto presidencial sobre el préstamo, y ni siquiera hay un informe del Banco Central de evaluación financiera que requiera que la ley haga para ver cómo este acuerdo afectó la balanza de pagos del país ”.

Del 22 de junio de 2018 al 16 de julio de 2019, US $ 44,490 millones ingresaron a Argentina. Solo se utilizaron para el pago de deudas por US $ 28,594 millones. En el mismo período, US $ 36,380 millones escaparon del país.

Paralelamente, dictado en el Juzgado Federal Penal y Correccional No. 2 por Sebastián Roberto Ramos y bajo el Archivo No. 8,853 / 2019, presenta la denuncia penal que Claudio Lozano, de Unidad Popular, y Jonatan Baldiviezo, del Observatorio de Derecho al Ciudad, llevaron a cabo contra Mauricio Macri y varios de sus funcionarios por los delitos de incumplimiento de los deberes de servidor público y abuso de autoridad en el marco del mega préstamo que Argentina recibió del FMI en octubre de 2018.

Ese mes, el entonces Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el jefe del Banco Central, Guido Sandleris, se refirieron a quienes ofician en ese momento como directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, un Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y un memorándum de entendimiento técnico Este segundo acuerdo, según los querellantes, es inconstitucional.

A lo largo de su gestión, Macri asumió deudas por un monto superior a US $ 100 mil millones y de ellos, 86 mil millones de deuda se salieron. Entonces, su acuerdo con el Fondo, que es parte de ese endeudamiento, carece de documentos, hay argumentos para que el próximo gobierno tenga la tarea de investigar y auditar el acuerdo ”, dijo Lozano en una conferencia de prensa.

Además de Macri, la denuncia también llegó a Dujovne, Sandleris y otros funcionarios responsables de la posible comisión de esos crímenes.

Entre las irregularidades denunciadas, se encuentra que el acuerdo necesariamente debe haber sido tratado por nuestro Honorable Congreso Nacional, según lo dispuesto en los incisos 4, 7 y 22 del artículo 75 de la Ley Fundamental, una circunstancia a la que se le negó el Poder Ejecutivo, y que esto ha producido «irracionalidad» y «daño» en la economía y la sociedad argentina. A partir de ahí «la administración fraudulenta en la que incurre claramente el presidente Mauricio Macri y sus funcionarios es clara», dice la denuncia.

En el primer acuerdo, firmado con el FMI en abril de 2018, Baldivieso y Lozano presentaron un amparo colectivo solicitando una medida cautelar urgente y otra denuncia penal, con argumentos similares al segundo, que recayeron en el tribunal a cargo de Julián Ercolini.

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