CARGANDO

Escriba para buscar

CONSENSO PARA UN NUEVO ESTADO

Agenda Nación Noticias Novedades Opinión PORTADA

CONSENSO PARA UN NUEVO ESTADO

Compartir


Más allá de los resultados que surjan luego de la contienda electoral de 2019 resulta necesario analizar este momento para afrontar con visión superadora una problemática largamente postergada. Transformar el sector público y hacerlo más abierto, cívico, participativo, transparente, colaborativo, eficiente y digital.

por Fabián Ruocco 
Director Ejecutivo CEDyAT


Una vez más, el tamaño, configuración, costos y eficacia de la administración pública del Estado son motivo de preocupación y debate en las redes sociales, los medios de comunicación, los partidos políticos y los hogares de nuestro país. El sector público se enfrenta a tiempos inciertos. Paradójicamente, creemos que siempre hay espacio para mejorar. Por lo tanto, nuestra iniciativa supone centrar la mirada y las estrategias en la visión de futuro para desde allí crear una gobernabilidad innovadora del presente.

La misma ya ha sido suscrita por más de trescientos expertos de 32 Universidades Nacionales, 17 Universidades Privadas, 50 Asociaciones Civiles y Profesionales, Centros de Gestión, Fundaciones, ONG´s, Unidades de Vinculación Tecnológica y Sindicatos del Sector Público junto con 18 Instituciones del sector público nacional y provincial de los tres Poderes.

Muchos experimentamos decepciones ante un Estado lento, burocrático y desactualizado. Pues al acelerarse la innovación en todas las cosas cotidianas, también aceleramos el ritmo al que el conocimiento y muchas prácticas se tornan obsoletos. Las certezas que en otra época eran legítimas, ahora resultan forzadas. Ante lo cual tenemos que hacernos las preguntas correctas para fortalcer todas las capacidades internas.

Simultáneamente, sabemos que el Estado cumple la misión dar respuesta a problemáticas de alta complejidad ya sean ambientales, económicas, educativas, sanitarias, sociales, regionales o internacionales. La preocupación debiera ser en primer lugar de quienes gobiernan, para discernir e invitar a pensar estratégicamente la búsqueda de consensos que permitan construir la administración pública que trascenderá cualquier mandato. Es también cuestión de los que aspiran a ser gobierno, así como de los ciudadanos, de las organizaciones empresariales, gremiales y profesionales, confesionales, académicas, y de los medios de comunicación. 
Existe un hecho crucial a tener en cuenta, y es que a nivel mundial el conocimiento se ha convertido en uno de los componentes de crecimiento más rápido del entorno económico y social. Cuanto más conocimiento utilizamos, más del mismo creamos. De esta manera el conocimiento es un recurso inagotable sin embargo sigue estando equivocadamente infravalorado. 

Hoy transitamos la era de las aceleraciones digitales. El auge de la inteligencia artificial, la oleada de descubrimientos científicos y la llegada de la nanotecnología nos permiten ser testigos de fenómenos más allá de nuestros horizontes presentes. Sin embargo, hacer que la necesaria tecnología sea una realidad es lo fácil. Más difícil y complicado es superar la lista de obstáculos no tecnológicos. En general el mundo se está reconfigurando radicalmente, está empezando a funcionar de manera diferente en muchas áreas a la vez. El Estado no escapa a esa particularidad.

Del mismo modo, todos los días, una parte de la fuerza de trabajo que se jubila o muere tiene que ser reemplazada. A medida que una generación sale, otra ingresa en las filas del Estado. Superar el potente circuito de retroalimentación que lo mantiene es lo complicado. La creencia predominante es que el futuro repetirá el pasado. Esto supone que muchas veces pensemos erróneamente que lo que funcionó mejor en el pasado seguirá siendo lo que mejor funcione en el futuro. Esto relentiza cualquier procedimiento de mejora y refuerza aún más la anacrónica convicción de que el futuro se parecerá al pasado. Deberíamos preguntamos realmente ¿qué es lo que no funciona bien? Un interrogante que exige salir de los lugares comunes que la mediocridad nos ofrece como respuesta reactiva.  Si esto se hace bien, se fomentará la colaboración y participación intergeneracional, mientras se nutre a la próxima generación de profesionales en ascenso para que sean agentes de transformación en sus lugares de trabajo.

Al Estado lo conforman personas de carne y hueso. Que tienen la enorme responsabilidad de gestionar recursos, bienes e información de todos; de regular, controlar, atender y responder a las demandas sociales; de evitar la cooptación por poderes fácticos, sectoriales y particulares asegurando el bien común; de impedir el derroche, el uso ineficaz y la corrupción, de atender los asuntos públicos, con imparcialidad y apego a la legalidad y velando por los derechos ciudadanos.

Situaciones más que suficientes para acreditar la necesidad de funcionarios públicos altamente preparados, competentes, imparciales, íntegros y comprometidos con los valores democráticos. Efectivamente, existe una disparidad entre la velocidad de innovación y nuestra capacidad para desarrollar nuevos sistemas de aprendizaje, sistemas de capacitación, sistemas de gestión, redes de protección social y regulaciones que permitan a la ciudadanía aprovechar al máximo estas aceleraciones y amortiguar sus peores efectos. Las nuevas tecnologías tampoco ofrecen en este caso, por sí mismas, el remedio contra la ignorancia. 

Por eso, se han de movilizar fuerzas políticas, económicas y sociales para educar a la generación que sube. La capacidad de análisis, inferencia, interpretación, explicación y evaluación, sustentadas por la autorregulación, la colaboración recíproca y la actitud investigativa, vigilante, honesta y flexible se convierte en lo que distingue al profesional que estará capacitado para enfrentar los desafíos de la sociedad moderna. El tiempo actual de gran complejidad tiene una alta demanda de pensamientos y acciones de alta calidad.

En este contexto, surgió la iniciativa de un grupo muy numeroso y plural de académicos, profesores, expertos, investigadores y consultores en materia de Administración y Gestión Pública que venimos impulsando un conjunto de compromisos concretos orientados a la mejora sustancial de las políticas y de las realidades que hacen al funcionamiento de lo público en todos los Poderes del Estado y en todos los niveles de Gobierno -nacional, provincial y municipal-.  Así, el consenso se enfoca en el qué, el cómo y el para qué de la innovación en el sector público, no solo desde la perspectiva tecnológica, sino, ante todo, bajo la óptica de su implementación por personas y al servicios de las personas.

Lo hacemos para impulsar un ecosistema de innovación en las administraciones públicas, creando un espacio de acuerdo entre especialistas del ámbito académico, profesionales del sector público y del sector privado para generar valor público, entendiendo que un aporte útil en los tiempos presentes es ofrecer propuestas concretas que puedan ser compartidas lo más ampliamente posible, para mitigar el riesgo y generar crecimiento. De manera esencial, puede fortalecer los fundamentos acordados en la Constitución Nacional.
De tal evidencia deviene impostergable fomentar diálogos entre todos los actores en torno al imperativo de consolidar una política de Estado para el servicio civil. A tal fin, hemos elaborado una propuesta de Consenso por una función pública profesional para la Argentina. 

También proponemos claramente la necesidad de asegurar una política sistemática, transparente, abierta y continuada para las próximas décadas. La Administración Pública y sus recursos están al servicio de toda la ciudadanía, abierta a ella y en especial, de los más postergados. El flujo de nuevas ideas evitará el estancamiento de una mentalidad anclada en el pasado. Consecuentemente, invitamos al diálogo franco, abierto y plural sobre estos aspectos a los diferentes sectores para arribar a acuerdos que persistan en el tiempo acorde a los nuevos escenarios. 

Entonces proponemos los siguientes compromisos que se consolidan mutuamente sobre la base de democratizar el ingreso a la administración pública fomentando la capacidades de la formación frente a los acomodos políticos del pasado. Esas razones requieren el siguiente acuerdo básico: 
1. Cumplir con la Constitución Nacional en el régimen de funcionarios públicos, garantizando el derecho de todos a ingresar al servicio civil en condiciones de igualdad mediante concursos abiertos y transparentes, terminando con los ingresos por adhesión política, amiguismo, nepotismo o corporativismo.
2. Construir un Servicio Civil Profesional de Carrera, estableciendo carreras administrativas basadas en la acreditación de la idoneidad y el buen desempeño.
3. Planificar estratégicamente y con sustentabilidad financiera los planteles de personal, programando dotaciones de personal con visión estratégica y responsabilidad fiscal, asegurando la continuidad de los servicios en las áreas críticas de la Administración.
4. Institucionalizar un régimen de funcionariado civil superior de funcionarios directivos de carrera.
5. Cumplir principios de empleo digno y decente, terminando con todo tipo de discriminación negativa, en especial en materia de género, y precarización o subcontratación laboral, abierta o encubierta.
6. Invertir en capacitación y actualización tecnológica, con una formación continua, actualizada e innovadora en la dimensión técnica, profesional y ética.
7. Jerarquizar y fortalecer los órganos a cargo de la gestión de las políticas de la función pública, con una gestión profesional para el desempeño laboral del funcionariado.

Te invitamos sumarte al Consenso en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSGNC_zwu3R193Qgu4YqEMNz46AqMlQ4CvB-hKIRptIuoDzA/viewform

Compartir

Comentarios de Facebook

Dejar Comentario

avatar