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El Senado aprobó la ley de financiamiento político que habilita a empresas a financiar campañas

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El Senado aprobó la ley de financiamiento político que habilita a empresas a financiar campañas

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Con el voto de 48 senadores a favor, 2 negativos y sin la presencia del kirchnerismo en el debate, el proyecto de financiamiento político fue sancionado. El artículo que habilitaba el aporte sindical fue la única diferencia, lo que llegó a su votación diferenciada. Como el dictamen de mayoría no alcanzó los 37 votos necesarios para su aprobación por ser una ley electoral que necesita una mayoría calificada, la mayoría se sumó al dictamen de minoría que no contemplaba el aporte sindical para que la iniciativa no se cayera.

Entre los puntos principales, el proyecto girado a la Cámara de Diputados autoriza a las empresas a realizar aportes de campaña por hasta el 2% del total de gastos autorizados y señala que los aportes en dinero sólo podrán efectuarse mediante transferencia o depósito bancario.
El donante deberá acreditar su identidad y los bancos o administradoras de tarjetas de crédito o débito deberán informar al partido que recibe el aporte quién fue la persona que lo efectuó.
La iniciativa también modifica la lista de prohibiciones al agregar que no podrán realizar aportes los contratistas de servicios y obra pública y las personas «imputadas en un proceso penal», quienes no están incluidos en el listado de la ley actual.
Además, incorpora a la Ley de Financiamiento el «registro de cuentas oficiales» de redes sociales de partidos y candidatos, que será elaborado por la Cámara Nacional, y regula la publicidad en medios digitales con recursos públicos.
En este sentido, la iniciativa indica que «del total de los recursos públicos» destinados a publicidad digital «al menos un 35%» deberá destinarse a sitios periodísticos de producción nacional y «al menos otro 25%» a los de producción provincial.
Por otra parte, el proyecto reduce a la mitad el espacio gratuito cedido por los medios audiovisuales para propagando electoral: actualmente es el 5% del tiempo total de programación pero a partir de 2020 sólo el 2,5% será gratuito, mientras que el resto será considerado «pago a cuenta de impuestos nacionales».
Otra de las novedades que introduce el proyecto son los aportes en especie: son los que consisten en la prestación de un servicio o la entrega de un bien en forma gratuita.

El proyecto que tuvo media sanción, modifica la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Dalmacio Mera (PJ – Catamarca) en calidad de miembro informante explicó los alcances de la iniciativa destacando que «hemos encontrado un proyecto por consenso».

Entre los puntos principales mencionó que «entendíamos que era necesario blanquear el aporte privado a las campañas políticas, también realizar un proceso más riguroso, especifico y transparente de fiscalización patrimonial».

Mera aseguró que «se ha reformado el sistema de publicidad audiovisual en defensa de los trabajadores de la prensa, de los contenidos que se publiciten y hemos intentado poner exigencias a la pauta en redes sociales».

Resaltó que «con Diputados hemos consensuado que es necesario blanquear el aporte privado a las campañas políticas, con el tope del 2% para que ninguna fuerza pueda ser cooptada o necesite de dicho aporte, también la incorporación del aporte en especies que no estaba contemplado en la legislación anterior».

El senador se explayó sobre la incorporación de la propuesta de la Comisión de Banca de la Mujer acerca de que «los fondos que reciben los partidos en concepto de capacitación, el 30%, sea destinado a la formación política de todas las mujeres dentro del partido».

La habilitación para que los sindicatos también puedan ser aportantes (algo prohibido en la normativa vigente) fue la gran diferencia. En este punto, Mera sostuvo que «el senador neuquino Guillermo Pereyra planteó la posibilidad de que los sindicatos aporten y estamos de acuerdo que donde puedan aportar las empresas puedan aportar los sindicatos».

El senador Fernando «Pino» Solanas, titular del bloque Frente Progresista-UNEN, defendió el dictamen de minoría de la senadora por Río Negro, Magdalena Odarda, que no está de acuerdo con los aportes de privados a las campañas electorales, y señaló que «esta es una ley fundamental relacionada con la calidad de la democracia, y el proyecto de la mayoría es un proyecto peligroso porque estamos en una vuelta degradante de la democracia y conlleva la privatización de la política».

El senador por Río Negro, Miguel Ángel Pichetto (PJ) aseguró que el tema electoral y su financiamiento «tiene un trasfondo en los problemas que tienen los partidos en sus respectivas rendiciones de cuenta». En la defensa del voto por el dictamen de mayoría, que habilita la participación de los privados y de los sindicatos, sostuvo que «hay en el sistema electoral mucha hipocresía: se gastan recursos ingentes y luego los números no cierran. Y hay un riesgo mucho más grave, que agobia a muchos países latinoamericanos, que es el financiamiento por parte de organizaciones delictivas»:

Pichetto afirmó que «en la Argentina, aun cuando no se diga con precisión y con fuerza, el riesgo es que el financiamiento oscuro de las campañas políticas pueda ser realizado por el narcotráfico«. En cuanto a los probables aportes de los gremios, dijo que la experiencia concreta es que «los sindicatos nunca aportan» y que no pueden recurrir al dinero de las obras sociales porque está prohibido por ley y en ese caso «estarían cometiendo un delito». También reconoció que «quizás no se trate de la mejor ley pero es el comienzo de un sistema que debe ser más transparente, bancarizado y evitar inconvenientes en los aportantes».

El senador por Formosa, Luis Naidenoff (UCR) reconoció que el tema en debate «es importante y trascendente para la propia política». En ese punto destacó que «venimos de una reforma que cumple 10 años y es un gran avance el aporte de las empresas o personas jurídicas privadas en un tope del 2% y transparentar el aporte esto es una bocanada de aire fresco para el propio elector«.

Naidenoff destacó que la iniciativa también «es un alivio para los propios partidos porque cuando uno avanza con la bancarización y se termina el depósito anónimo y el aporte del dinero en efectivo donde está el riesgo del narcotráfico y de la plata sucio». También subrayó que «tenemos una disidencia con el dictamen de mayoría que es el aporte de los sindicatos».

Luego de esto se votó por unanimidad la modificación de la Ley 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

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