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Ley de barrabravas no tuvo dictamen y sigue el debate el jueves

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Ley de barrabravas no tuvo dictamen y sigue el debate el jueves

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El pleno de las comisiones de Legislación Penal y de Deportes de la Cámara de Diputados, trató el proyecto de ley sobre barrabravas que había sido aprobado en general en diciembre de 2018 por 201 votos afirmativos y 3 abstenciones y que por desacuerdos en la votación en particular, ante el planteo del diputado radical Martín Lousteau, desembocó en la decisión de reenviarlo al ámbito de las comisiones.

La diputada Gabriela Burgos, titular de Legislación Penal, consideró que “nadie está de acuerdo con la violencia en el fútbol, todos queremos salvar al fútbol, no estamos dispuestos a sacrificar al deporte ante estas organizaciones delictivas”. Burgos destacó que el proyecto original constaba de 30 artículos, mientras que el actual consta de 46 artículos. “Está evidenciada nuestra voluntad de llegar a un consenso”, argumentó.

En tanto, el diputado Daniel Scioli, presidente de la comisión de Deportes, remarcó que el texto del Poder Ejecutivo “ha puesto un gran énfasis en el agravamiento de las penas y en nuevas figuras que tienen que ser discutidas. Nosotros pedimos que se tengan en cuenta los aspectos preventivos: la creación de un régimen integral para la seguridad del deporte, el control de las entradas, la identificación de espectadores y las características de butacas”, enumeró. El titular de Deportes mostró su preocupación por “las desproporciones en cuanto a las penas” del proyecto. “El que revolea una botella para suspender un partido puede llegar a una pena de 8 años, lo mismo que un homicidio”, ejemplificó.

Desde los bloques opositores, se reclamó la posibilidad de convocar a los actores principales del fútbol para conocer su opinión sobre el texto denominado “Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos”.

En ese sentido, el diputado Andrés Vallone, del bloque Unidad Justicialista, pidió “no apurar un dictamen porque la coyuntura lo exige” y reclamó también la presencia del ministerio de Seguridad de Nación.
El diputado Facundo Moyano, de Red por Argentina, criticó algunos artículos del texto. “¿Cómo podemos demostrar quién es el culpable de una avalancha? Eso es falta de apreciación de la realidad”, dijo Moyano, sobre la realidad en los estadios. Además, consideró que la penalización sobre tenencia de entradas truchas “es otra de las cuestiones impracticables” y pidió convocar a dirigentes que fueron presionados por barrabravas.
Fernando Brügge, de Córdoba Federal, retomó el proyecto de su autoría, enfocado hacia la prevención. “Tenemos que hacer responsable a la institución deportiva a los fines de que todos los socios se involucren y se active el control social”, argumentó también. Desde el bloque FpV-PJ, los diputados Julio Solanas y Daniel Castagneto recordaron la eliminación de la secretaría de Deportes, como un antecedente negativo para el fútbol. “El proyecto de hoy es más malo que el de diciembre. Que vengan todos los involucrados, sino esta ley no se va poder aplicar”, dijo Castagneto. Por otra parte, la diputada Carolina Moisés, del interbloque Argentina Federal, llamó la atención sobre el “enorme presupuesto para las instituciones” que implica el proyecto de ley. “¿Por qué un club de Jujuy tiene que cumplir con los mismos requisitos que los que participan de la Superliga? No hay plata para baños, ni para camisetas. Se va a afectar la situación de los 3 mil clubes del ascenso”, dijo.

Desde el interbloque oficialista de Cambiemos, los diputados Jorge Enríquez, Fernando Iglesias y Luis Petri rechazaron las “excusas” para no tratar la ley. “Se trata de avanzar o no contra las organizaciones mafiosas. Lo que se necesita es voluntad política y eso es lo que le reclamamos a la oposición”, argumentó Petri en el Anexo de Diputados.

La ley, de exclusiva aplicación en eventos futbolísticos, prevé penas para quienes introduzcan o porten armas o elementos usados para intimidar, alteren el desarrollo de un partido, provean entradas a barras, vendan entradas sin autorización, ofrezcan cuidado de vehículos en inmediaciones del estadio, entorpezcan los medios de transporte afectados al espectáculo y provoquen una avalancha. Según los fundamentos, en el proyecto del Ejecutivo “subyace la férrea voluntad de terminar específicamente con lo que se conoce comúnmente como ´barrabravas´”. Apunta a la persecución penal y al desfinanciamiento de dichos grupos a fin de imposibilitar su accionar.

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