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Laura Alonso fue al Congreso a defender una nueva ley de ética pública

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Laura Alonso fue al Congreso a defender una nueva ley de ética pública

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«Estamos frente a una oportunidad única e histórica de modernizar y actualizar un régimen que de cabal cumplimiento al artículo 36 de la Constitución y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino», destacó la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, tras mencionar que se cumplirán 20 años de la sanción de la ley 25.188 de Ética Pública.

La funcionaria macrista expuso en una reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General de la Cámara baja, presidida por los diputados del PRO Pablo Tonelli y Daniel Lipovetzky, donde aseguró que «el tratamiento y la sanción de esta norma son importantes e imperiosos».

El texto se basa en legislación de Chile, México, Francia, Estados Unidos y Canadá. Para su elaboración se consideraron más de 25 proyectos de ley presentados en el Congreso desde el 2014.

En este sentido, Alonso detalló los principales lineamientos de la normativa que “perfecciona la definición de funcionario público y prevé deberes éticos específicos y de carácter obligatorio”. La iniciativa incorpora un capítulo completo contra nepotismo, establece prohibiciones en designaciones de familiares e introduce el deber de las autoridades de controlar anualmente las declaraciones juradas de los tres poderes.

En materia de declaraciones juradas, Alonso mencionó que el proyecto establece la obligación de “publicar en Internet las declaraciones juradas en formato abierto, así como publicar el listado de cumplidores e incumplidores”.

El texto establece además medidas para “quienes mientan u oculten información y prohíbe el reingreso a la función pública de los incumplidores”. Y suma la obligación de presentar declaraciones patrimoniales a los nominados a ocupar cargos por el Congreso de la Nación, a titulares de obras sociales y de sindicatos.

Alonso también se refirió a los artículos sobre conflictos de intereses, ya que el texto “prohíbe actividad privada sobre la que se tengan atribuciones en el ámbito público, genera más restricciones a los funcionarios de alta jerarquía y regula las participaciones societarias de subsecretarios y cargos superiores”.

En cuanto a la tarea de legisladores nacionales, “prevé una manifestación de intereses que guarden relación con proyectos en los que intervengan”, explicó Alonso.

El proyecto del Ejecutivo también establece limitaciones después de la función pública, prohíbe los obsequios a los funcionarios y extiende dicha prohibición a sus cónyuges y a sus hijos.

“Es una oportunidad para fortalecer un régimen de ética que de cabal cumplimiento al artículo 36 de la Constitución Nacional. Se busca generar más transparencia para un mayor control ciudadano”, resumió Alonso.

En la reunión informativa, la titular de la OA estuvo acompañada por Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional.Sobre la nueva ley de ética, Sánchez consideró que “es un extraordinario momento para que podamos seguir fortaleciendo nuestro sistema de integridad pública”. Asimismo hizo un repaso de las medidas de los últimos años en materia de integridad pública: destacó la sanción de la ley de acceso a la información pública, la ley de arrepentido, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la ley de defensa de la competencia.

A la hora de la devolución de los legisladores presentes en el plenario, la diputada Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, se refirió al pedido de declaraciones juradas a los sindicatos. “Cada vez que el gobierno habla de un sindicato, habla de normas antisindicales: están en contra del derecho a la organización sindical. Al burócrata que les conviene salvar, lo van a salvar”, afirmó

.Desde el kirchnerismo cuestionaron la iniciativa, a la que calificaron de «tibia» y que «queda a mitad de camino».
«Esta ley es tibia, se queda a mitad de camino y no resuelve ni la mitad de renuncias que usted archivó«, le espetó la diputada del Frente para la Victoria Maria Emilia Soria, luego de la exposición de la funcionaria. La rionegrina cargó contra el ex ministro de Finanzas Luis Caputo, a quien definió como un «delincuente de guante blanco, absolutamente protegido«, y lo acusó de ser dueño de una sociedad offshore. También cargó duramente contra el ex ministro de Energía Juan José Aranguren, a quien le endilgó ser partícipe de un claro caso de «conflicto de interés».

En la misma frecuencia, su compañero de bancada Guillermo Carmona sostuvo que «la corrupción estructural es la marca de época que se ve en la actualidad, con los conflictos de intereses», y al respecto dijo que hacía alusión a «la captura de las decisiones del Estado por el establishment económico«.

Igualmente el titular del bloque FpV, Agustín Rossi, hizo alusión a incorporar la incompatibilidad de los funcionarios para tener cuentas offshore. Tonelli, titular de Asuntos Constitucionales, respondió que “el Ejecutivo mandó el proyecto pero nosotros tenemos la posibilidad de modificarlo”.

Desde el interbloque Cambiemos, la diputada Karina Banfi celebró la reforma y dijo que “es novedosa para la agenda de transparencia para la Argentina”. “Ahora nos toca a nosotros involucrarnos, ser personas íntegras en el servicio público va a generar la confianza que hoy necesita la gente”, resumió.

Por otra parte, Carla Pitiot, del bloque Federal Unidos por una Nueva Argentina, criticó que el punto referido a conflicto de intereses contemple solamente el 20% de la participación societaria: “No tiene que poseer nada”, sostuvo. A modo de aporte, Pitiot pidió aumentar los plazos temporales en el caso de funcionarios públicos que pasan a entidades privadas y reclamó “una Oficina Anticorrupción independiente del poder político”.

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