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Sin quórum en diputados para dictaminar la ley de juicios por jurados

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Sin quórum en diputados para dictaminar la ley de juicios por jurados

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Tras esperar la media hora reglamentaria, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), quien dirigió el plenario conjunto con Justicia y Presupuesto, dio por fracasada la reunión pero aprovechó para pasar en limpio el estado del debate y la iniciativa de unificación de los 11 proyectos que se presentaron sobre la materia.
“El tema del juicio por jurado no es exclusivo de un bloque. Es transversal de la mayoría de los bloques que integran este Congreso, que durante estos años fueron presentando proyectos”, explicó.
Según dijo, existe consenso en avanzar con un documento borrador que recoge distintas “observaciones, sugerencias y objeciones” que las distintas bancadas fueron realizando a lo largo de los últimos años, y que la idea sería dictaminar la semana que viene para poder llevar el tema al recinto el 21 de noviembre.
Dicho proyecto, elaborado en conjunto con la Asociación de Juicios por Jurado, abreva en el modelo clásico en el que son los integrantes populares del jurado los que definen la inocencia o culpabilidad, en tanto que los jueces se limitan a establecer el monto de la pena y sus fundamentos.
En cambio, la iniciativa del diputado Juan Brügge (Argentina Federal) plantea un modelo escabinado en la que los jueces integrantes del tribunal también votan.
Burgos comentó que “no es la primera vez” que se impulsa el juicio por jurados, y agregó que “ante el cumplimiento de este Congreso nacional” de sancionar un marco normativo para todo el país, “algunas provincias ya avanzaron“, como Córdoba, Neuquén y Buenos Aires, “con resultados altamente satisfactorios”.
“Argentina hoy en día ya tiene un marco de jurisprudencia propia de juicio por jurado”, destacó, y señaló que otras provincias como Chaco, Mendoza, Río Negro y Santa Fe también están en camino de instrumentar este mecanismo de Justicia.
En el proyecto de consenso que impulsa Burgos propone que sean 12 los integrantes titulares del jurado, y cuatro suplentes, y que los delitos aplicables a esta modalidad de juzgamiento sean aquellos con penas en expectativa mayores a 8 años.
La propuesta original era que a pedido del imputado por penas menores a 8 años, también pudieran asignarse jurados populares, pero el diputado del PRO Pablo Tonelli rechazó tajantemente esa posibilidad, advirtiendo sobre el potencial riesgo de que “colapse” el sistema.
Resulta altamente inconveniente porque podría implicar en la práctica que todos los imputados por hurto simple pidan ser juzgados por jurados. Eso haría colapsar el sistema, no tengo la menor duda”, planteó.
Y agregó: “El juicio por jurado es un procedimiento caro en dinero y la infraestructura que hace falta. No es fácil reunir 12 jurados aptos, idóneos. No es fácil hacerlos sesionar. Eso implica para ellos perder días de trabajo. Para la Justicia, hacer un esfuerzo organizacional bastante importante”.
También se barajaba la opción de que quedaran alcanzados los delitos contra la administración pública (corrupción), pero otra vez Tonelli puso en tela de juicio esta posibilidad.
En los delitos contra la administración pública, las repercusiones mediáticas suelen ser importantes. No sé hasta que punto esas repercusiones pueden influenciar indebidamente en el criterio de los jurados”, indicó.
A cuanto a la integración de los jurados, la propuesta de Burgos es que se realice por sorteo entre los argentinos de 18 a 75 años utilizando los padrones electorales.
Se prevé que los jurados populares estén compuestos con un criterio de paridad de género, con igual cantidad de integrantes mujeres y varones.
La concurrencia de los seleccionados por sorteo es obligatoria y es considerada una carga pública, por lo que se garantiza la protección frente a cualquier incidencia que puedan tener en sus lugares de trabajo (no se les puede descontar el plus por asistencia).
Si bien son varias las alternativas, en la propuesta de Burgos se define como veredictos válidos a aquellos que se arriben por unanimidad.
Por otra parte, queda a criterio de las distintas regiones judiciales si a los jurados se les paga una compensación económica.

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