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El Gobierno envía proyecto para regular financiamiento partidario que habilita el aporte de empresas

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El Gobierno envía proyecto para regular financiamiento partidario que habilita el aporte de empresas

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Es un proyecto en el que venimos trabajando hace más de un año. Estamos cumpliendo con lo que nos habíamos fijado en un proceso que tuvo participación de los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil”, manifestó el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez.
En diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, el funcionario nacional precisó que la iniciativa será presentada los próximos días en la Cámara de Diputados y señaló que, pese a que hubo diálogo con distintos bloques, es un proyecto que plasma la visión del Poder Ejecutivo.
Tuvimos conversaciones durante el año en Diputados y Senado.
No tuvimos una posición uniforme, por eso decidimos que sea una iniciativa del Poder Ejecutivo y que se debata en el Congreso“, manifestó.
En ese sentido, el ex diputado reconoció que “seguramente va a haber diferencias con algunos puntos del proyecto“, pero remarcó que “se van a establecer mejores mecanismos de control, transparencia y bancarización absoluta de los aportes”.
Pérez reconoció que el financiamiento de los partidos políticos “es un gran tema” y subrayó la necesidad de que “la gente pueda conocer quiénes son los aportantes, que se habilite a las personas físicas y jurídicas a aportar, con un tope del 2 por ciento”.
Va a ayudar mucho a que las campañas políticas sean cada vez más transparentes, auditadas y controladas, porque no habrá más aporte en efectivo. Todo es bancarizado, por lo que hay trazabilidad de quién es el que hace el aporte. Cuenta bancaria, tarjeta de crédito o plataforma digital, siempre que se permita la identificación del aportante. Esto evita cualquier tipo de manipulación”, apuntó.
Consultado sobre las denuncias sobre presuntos aportantes falsos en la campaña bonaerense de Cambiemos en 2017, el integrante del Ministerio del Interior manifestó: “La gobernadora (María Eugenia Vidal) estuvo bien en poner la cara, dar ella la respuesta, tomar la medida preventiva de apartar a la tesorera (María Fernanda Inza), pedir una auditoría sobre el financiamiento de la campaña y dejar que la Justicia haga el trabajo”.
Los principales puntos de la iniciativa oficial son la bancarización del régimen de aportes; habilitación de aportes de empresas, con topes; registro de proveedores de publicidad en vía pública; combate contra el dinero proveniente de actividades ilícitas mediante la obligación de organismos financieros y de control de informar a la Justicia Electoral y regulación de publicidad oficial y de actos de Gobierno durante el período de campaña, entre otros.
También establece sanciones para el clientelismo y el uso de recursos públicos con fines partidarios; restricción para los partidos sancionados respecto a los aportes extraordinarios; la posibilidad de adhesión de las provincias al régimen de financiamiento nacional; y el fortalecimiento del cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral.

“En 2009 se prohibieron los aportes a las campañas por parte de personas jurídicas y lo que continuó ocurriendo es que las empresas siguieron aportando pero en negro”, dijo Pérez, quien afirmó que a pesar de que la ley actual lo prohíbe “las empresas siguieron aportando pero eso no estaba declarado en ningún lugar”.
“Nos parece un mal resultado visto diez años después. Queremos que haya habilitación de personas físicas y jurídicas, todo bancarizado y contrlado por la Justicia“, señaló el secretario.
Pérez precisó que en el proyecto de ley enviado al Congreso se fijan “límites” para esos aportes de empresas ya que “nadie puede aportar más del 2 por ciento del límite total que tiene una campaña”.
“No puede haber una empresa que financie totalmente una campaña porque hay un límite por persona física o jurídica“, explicó.
El funcionario ratificó que se busca la “bancarización absoluta” de los aportes de campaña, “impidiendo aportes en efectivo“.
Explicó que se busca “controlar quiénes son los donantes con una identificación clara y fehaciente” y que para eso es importante la “eliminación del aporte en efectivo”.

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