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Prisión preventiva para la diputada radical Aída Ayala acusada de lavado de dinero.

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Prisión preventiva para la diputada radical Aída Ayala acusada de lavado de dinero.

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El procesamiento fue dictado por la jueza federal Zunilda Niremperger, la misma que semanas atrás pidió su desafuero, trámite que actualmente espera su tratamiento en la Cámara baja y que fue postergado por decisión de los legisladores de Cambiemos.
Junto a la ex intendenta de Resistencia fueron procesados el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, y los empresarios Carlos Huidobro, Pedro Alberto Martínez, Alejandro Fischer, como así también Patricia Vázquez, cuñada del actual ministro de Hacienda y Finanzas Cristian Ocampo, quien fue detenida este mediodía; Rolando Javier Acuña y Fatima Rigassio.
Antes de conocer el fallo, la diputada nacional por Cambiemos fue internada en horas de la madrugada en el Sanatorio Güemes de la ciudad de Resistencia por dolores abdominales, lo que le impidió asistir a la audiencia que tenía prevista para a las 9:00 en la Cámara Federal de Apelaciones, luego de que semanas atrás le negaran la eximición de prisión.
La magistrada embargó a Ayala por 200 millones de pesos y le dictó la inhibición general de sus bienes en el marco de la causa que investiga el fiscal federal Patricio Sabadini.
La radical está acusada por presunto “lavado de activos, agravado por habitualidad, por ser miembro de una banda y funcionario público”, en calidad de autora; en concurso real con los delitos precedentes de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Puntualmente, está señalada como la “jefa de una banda” destinada a beneficiarse a través del pago de sobreprecios a proveedores de servicios públicos cuando se desempeñaba como intendenta de Resistencia entre 2003 y 2015.
Por ello, la jueza decretó también el embargo de los bienes de las empresas Tecmasa SA, Pimp SA, Crisol Nordeste SA, Coyrel SA, SFH Construcciones, Inversora Nacris SA, Logística Belgrano, Recifis SRL, Cooperativa Omega Visión Ltda., e Ingeco SRL, Dafsa SA, RyA Construcciones, Coop. Las Palmeras Ltda., Cooperativa El Ciudadano Ltda., IAM Construcción SA, y Crearco SA, hasta cubrir la suma de 800 millones de pesos.
Por otra parte, en representación de Ayala asistió a la audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones su abogado, el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra, quien defendió la eximición de prisión que solicitó a comienzo del proceso, indicó el diario Norte.
La decisión que tomen los camaristas es considerada clave para el trámite de desafuero, el cual se encuentra en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado nacional Pablo Tonelli (Cambiemos), quien aplazó sin fecha la votación en ese cuerpo del pedido realizado por la jueza Niremperger.
Este aplazamiento fue cuestionado la semana pasada por el bloque del Frente para la Victoria, cuyo titular, Agustín Rossi, acusó al oficialismo de tener “una doble moral”, en alusión al caso del desafuero del ex ministro Julio de Vido, actualmente detenido en el penal de Marcos Paz.

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