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El Gobierno acordó con sus socios de la UCR y CC mantener los aumentos de tarifas pero con un plan de pago. La oposición lo rechaza e insistirá en el Congreso con sus proyectos.

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El Gobierno acordó con sus socios de la UCR y CC mantener los aumentos de tarifas pero con un plan de pago. La oposición lo rechaza e insistirá en el Congreso con sus proyectos.

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Así lo confirmó el presidente del interbloque de la alianza cambiemos, Mario Negri, al término de la reunión con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, junto al ministro de Energía, Juan José Aranguren, y con la presencia de los titulares de bloque del Senado, Federico Pinedo, y de Diputados, Emilio Monzó.
Por la Coalición Cívica asistieron el diputado Juan Manuel López y el secretario Fernando Sánchez, y por el PRO, Nicolás Massot.
Previamente, el presidente Mauricio Macri y Aranguren recibieron al gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quien personalmente le entregó una propuesta que le había hecho llegar el día anterior a sobre cerrado a través de Peña, con la iniciativa de “amortiguar los aumentos” en la temporada invernal.
Al término de esos encuentros, se anunció que el Gobierno acordó el pago de las facturas de “los dos bimestres de mayor consumo” de gas, o sea mayo-junio y julio-agosto, y dispuso que se “podrá posponer el pago del último aumento en tres cuotas bimestrales para todas las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre, meses de mayor consumo y que generaba mucha preocupación”, explicó Negri.
Además, aclaró que esa forma de pago será “optativa“, en declaraciones formuladas a la prensa al término de la reunión, donde consideró que participaron de una “reunión fructífera”, sobre la preocupación general que hay y que se expresó en el parlamento, sobre la situación tarifaria.
   “Comprendimos los puntos que cada uno proponía”, aseguró el legislador, quien explicó que “se ratifica la tarifa social de gas y las limitaciones se suspenden por dos meses, a partir del 1 de mayo, dando lugar a una campaña para uso racional de gas, en las provincias que acepten compartir el costo”.
Sobre el control de empresas, ente reguladores y cooperativas distribuidoras, explicó que el Ministerio de Energía “revisará los criterios de aplicación de multas ante los incumplimientos, de manera de garantizar que sean efectivas” y se “impulsarán las actividades de los entes reguladores y su vinculación con los usuarios”.
Una campaña de concientización de ahorro del consumo, invitando a los gobiernos provinciales, y la convocatoria urgente al Consejo Federal energético a los efectos de participación y compromiso de las provincias en los temas acordados entre Cambiemos y el Poder Ejecutivo.
Destacó que en la reunión “hubo aporte” de todos los sectores en el debate, remarcando la “permeabilidad” entre los diferentes sectores y pidió “desdramatizar”, al sostener que “no hay ninguna crisis de Cambiemos“, y aclaró que “este no es un tema que se legisle parlamentariamente, pero obviamente queremos compartir con otras fuerzas políticas”.
Consultado acerca de cómo se implementarán las medidas, se informó que será a través de resoluciones de la cartera de Energía.
Por su parte, Massot aclaró que “no hubo marcha atrás” en la cuestión tarifaria, al indicar que “no se puede volver a recetas que no han funcionado y nadie explica cómo se financian los servicios públicos“.
Además, sostuvo que la Argentina “en general ha aceptado que el camino ya no es más subsidiar la pileta climatizada de Puerto Madero, sino pagar lo que se consume”, consideró Massot, quien reconoció que “no es un camino fácil” y que más allá de los más de 4 millones de beneficiarios de la tarifa social, “pueden tener dificultad por la estacionalidad”.
   “Siempre tenemos preocupación por la situación social”, coincidieron Massot y Negri, al ser consultado sobre el descontento social que el miércoles se plasmó en un “ruidazo” y con una marcha de las velas.
Consultado sobre si el oficialismo tomó nota de la problemática luego de los reclamos, precisó que “hace un tiempo” observamos que podría haber dificultades, y enfatizó que “acá no hay populismo ni demagogia“, sino “realismo“.
Consultado sobre si con esta propuesta de solución se da por cerrado los proyectos legislativos, Massot dijo no creer que el “ámbito correcto para determinar los precios generales de la economía sea el Congreso, por supuesto está en toda su legitimidad de plantear este tipo de preocupación, pero creemos que la salida debe ser a través de un acuerdo político pero reflejado en el Poder Ejecutivo”.

Por su parte el Bloque Justicialista y el Frente para la Victoria (FPV-PJ) rechazaron la propuesta del Gobierno de “aplanar” las tarifas de gas y se preparan para avanzar en el Congreso con sus propios proyectos, que apuntan a bajar los costos de todos los servicios.
Tanto el justicialismo como el kirchnerismo presentaron el último miércoles sus proyectos en las dos Cámaras del Congreso y la idea es avanzar con su tratamiento.
El referente del Bloque Justicialista de Diputados Diego Bossio sostuvo que el anuncio del Gobierno “parece una provocación” ya que “agrava la situación“, y precisó: “Arman una contrapropuesta donde quienes adhieran al pago en cuotas deberán hacerlo con intereses, es decir, pagarán más”.
Fuentes del justicialismo informaron que el debate de su proyecto se dará, primero, en la Cámara de Diputados, donde junto al Frente Renovador convocaron a un plenario de las comisiones de Obras Públicas y de Defensa del Consumidor para el próximo martes.
Allí comenzarán a discutir su iniciativa, que retrotrae las tarifas de gas, electricidad y agua corriente a los valores de noviembre de 2017, establece que los aumentos no deben exceder el Coeficiente de Variación Salarial y que no se podrán incrementar los montos por 24 meses.
También se exceptúa del pago del IVA a las ventas de gas, luz y agua para los beneficiarios de la tarifa social y se establece que la alícuota del IVA será del 50% de la establecida por ley para los usuarios residenciales y para para micro, pequeñas y medianas empresas.
Por su parte, el bloque de diputados del FPV expresó mediante un comunicado su “rechazo” al anuncio del Gobierno porque “propone la facilidad de pagos de las tarifas en cuotas y con intereses, manteniendo así los exorbitantes aumentos”.
“Sin lugar a dudas, la propuesta de Mauricio Macri es una tomada de pelo a todos los argentinos agobiados por la suba de tarifas. Desde este espacio creemos que desdoblar la factura y dar cuotas con interés no resuelve el principal dolor de cabeza que tienen hoy las familias, las Pymes y los comercios”, señalaron.
En este sentido, los diputados kirchneristas anunciaron que insistirán “en tratar el proyecto de congelamiento” que presentó el jefe de la bancada, Agustín Rossi, que retrotrae los valores al 1 de enero pasado para mantenerlos estables hasta diciembre de 2019.
Mientras tanto, en el Senado, el Bloque Justicialista de Miguel Pichetto presentó una iniciativa “espejo” de la que impulsaron sus pares de la Cámara baja y el FPV hizo lo propio con un proyecto de Cristina Kirchner que tiene pequeñas diferencias con el de Rossi.
En su propuesta, la ex presidenta propone suspender los aumentos en las tarifas de luz, gas y agua para usuarios residenciales, pymes y cooperativas de trabajo y retrotraer los valores al 1 de enero de 2017.
En el caso de las pymes, el beneficio se aplicará “siempre y cuando no despidan ni suspendan trabajadores y trabajadoras, sin justa causa, hasta el 31 de diciembre del 2019, sin importar su modalidad contractual“, indica la iniciativa.
Mientras que el justicialismo buscará avanzar primero en la Cámara de Diputados y lo intentará en el Senado solo si fracasa en el primer intento, de acuerdo a las fuentes consultadas, la estrategia del kirchnerismo es distinta.
Y es que en el Senado, Cristina Kirchner pidió un tratamiento de preferencia con dictamen de comisión para su iniciativa, con el fin de que se debata en el recinto en la primera sesión de mayo.

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