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Operativo judicial en el Sindicato de Camioneros tras la denuncia de Ocaña y la multitudinaria marcha opositora

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Operativo judicial en el Sindicato de Camioneros tras la denuncia de Ocaña y la multitudinaria marcha opositora

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La sede de la obra social del Sindicato de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano en el barrio de Constitución fue blanco hoy de un operativo judicial en el que se secuestró documentación solicitada por el juez Claudio Bonadio, en el marco de la denuncia de la diputada Graciela Ocaña por presunta administración fraudulenta del servicio de salud que presta el gremio.
Simplemente llegó un oficio de Bonadio pidiendo documentación y ya se llevaron todo el material”, sostuvo el abogado de la familia Moyano, Daniel Llermanos, quien así negó las primeras versiones que indicaban que se habían realizado allanamientos para secuestrar los libros contables de la obra social del gremio.
El letrado sostuvo que la documentación “bancaria, tributaria e institucional” entregada fue en el marco de la denuncia de Ocaña “diciendo que la obra social de Camioneros sería deficitaria por una mala administración”, pero advirtió: “Nosotros ya aclaramos que el pasivo que sufre la obra social es responsabilidad del Estado Nacional que retiene los fondos”.
   “El Estado Nacional retiene los fondos de los aportes que hacen los trabajadores hace muchísimos meses ilegalmente y en segundo término está lo de (la empresa de correo privada) OCA, que le debe 800 millones a la obra social. Son 2.300 millones que le deben entre el Estado y OCA”, señaló Llermanos al salir al cruce de la denuncia de Ocaña.
Al respecto, precisó que el Estado “no le da la plata a Camioneros” para la obra social y que “desde el Gobierno de Cristina Kirchner que están en deuda”, por lo cual “a la obra social la viene solventando el sindicato” de Camioneros.
En cambio, según la denuncia de Ocaña, hubo un “grosero desvió de fondos pertenecientes a la obra social, al sindicato y a la mutual de camioneros, entes manejados por Hugo Moyano y acólitos suyos, en favor de un entramado de sociedades pertenecientes a su familia, con el consecuente perjuicio a los trabajadores del sector que han aportado recursos para garantizar su salud y distintos beneficios”.
Por su parte, Llermanos aclaró además que los papeles que pidió Bonadio fueron sólo por esa denuncia y no por la de presunto lavado de dinero por la compra que hizo Camioneros de un terreno en La Falda, Córdoba, como había trascendido.
“Ya la contestamos también (a esa denuncia). Camioneros compró un terreno con plata en blanco, entonces ¿cómo va a haber lavado de dinero?”, señaló Llermanos, quien así desestimó la presentación realizada tiempo atrás por el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano por “una operación de compra-venta de inmuebles que en tres meses pasaron de valer 300 mil pesos a 500 mil y que el sindicato pagó a 6 millones de pesos“, según indicó el denunciante.
Al respecto, el abogado, insistió en que la compra del terreno en La Falda “se pagó con cheques del Banco Provincia”, mientras que “la plata en negro viene del narcotráfico, secuestros o trata de personas”.

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